La protección de los derechos de los consumidores tiene una andadura relativamente corta en el ordenamiento jurídico peruano. La primera norma con rango de ley que aborda de manera detallada la definición de los derechos de los consumidores fue el decreto legislativo 716 de 1991, norma que experimentó diversas modificaciones hasta la aprobación del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor) en 2010.

Junto con la aprobación de estas normas legales, una muy intensa labor administrativa a cargo esencialmente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Defensa de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha supuesto el desarrollo “nunca pacífico ni lineal” de una materia que hoy en día tiene pleno reconocimiento teórico y que posee una indudable vertiente práctica que hace necesario su conocimiento por parte de todo operador jurídico.

Se trata, por lo tanto, de una cuestión relativamente novedosa pero que, al hilo del proceso de liberalización y desregulación de nuestra economía, ha alcanzado rápidamente un lugar significativo en la configuración de los derechos de los ciudadanos como destinatarios finales de la actuación de las empresas y de la intervención estatal (más o menos intensa, según las épocas) en el desarrollo de las actividades económicas.